El conjuez encargado de desempatar la demanda presentada ante la Corte Constitucional será el abogado constitucionalista, Humberto Sierra Porto. La discusión gira en torno al denominado monopolio de licores, el cual permite a los departamentos restringir la entrada de algunos aguardientes a sus territorios. Esta polémica se relaciona con la prohibición en junio de 2023, por parte del departamento de Cundinamarca, de la comercialización del Aguardiente Amarillo de Manzanares.
Postura de la Industria Licorera de Caldas
El gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC), Diego Angelillis Quiceno, resaltó el esfuerzo realizado para pedir un espacio a la libre competencia y permitir que sea el consumidor quien elija el licor que desea consumir.
“Nosotros desde la Industria Licorera de Caldas hemos venido apoyando esta demanda de inconstitucionalidad porque creemos que es el consumidor final el que debe tomar la decisión sobre qué aguardiente se quiere tomar y no desde el escritorio de un gobernador”, señaló el gerente de la ILC.
Angelillis insistió en que la industria caldense ha coadyuvado esta demanda ante la Corte Constitucional y calificó el empate registrado en diciembre como una señal positiva.
“Nos hace muy felices porque estamos demostrando que efectivamente sí existe en esta salvaguarda una posibilidad muy grande de que exista una inconstitucionalidad en lo que se está planteando. En pleno siglo XXI es el consumidor quien debe elegir (…) esa es la forma en que se protege el aguardiente colombiano. La lucha aún continúa, esto no ha terminado”, afirmó.
Argumentos de los Demandantes
El abogado Jorge Enrique Sánchez, uno de los demandantes, argumenta que la demanda se dirige contra el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, el cual otorga a los gobernadores la facultad de suspender por seis años, de manera prorrogable e indefinida, el otorgamiento de permisos para la introducción de aguardientes en sus departamentos.
“Hemos planteado que esto es contrario a la Constitución Política”, indicó Sánchez.
Los demandantes insisten en que el artículo va en contra del principio de libre competencia económica y es incompatible con el estado unitario.
Desde Caldas, confían en que la justicia defienda la libre comercialización del aguardiente, lo que no solo beneficiaría a este departamento, sino también a otros que, aunque no tienen industrias licoreras, poseen productos propios que pueden generar recursos para la educación y la salud.
