Por: José Miguel Alzate
En medio de
este encierro obligado me llegan noticias de mi pueblo, Aranzazu. Y, lástima, no
son buenas. Tienen que ver con la posición asumida por los concejales que le
hacen oposición al alcalde Lisímaco Amador. Hacen referencia a la negativa de
estos concejales para aprobarle al mandatario facultades de ordenador del
gasto. Para atender los problemas originados por la pandemia del Covid-19, la
administración necesitaba hacer unos traslados presupuestales. Estos tenían
como objetivo atender a la población vulnerable del municipio y, sobre todo,
garantizar la atención a los adultos mayores. En la sesión
virtual extraordinaria del pasado 16 de junio, Lisímaco Amador presentó,
nuevamente, a estudio del Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo 016 para
hacer adiciones y traslados al presupuesto.
No obstante
que en las sesiones ordinarias fue presentado a estudio del concejo este
proyecto, los concejales de la oposición no lo aprobaron. Para hacerlo, no
expusieron objeciones técnicas ni jurídicas, mucho menos de inconveniencia. Fue
esta la razón por la cual el alcalde convocó a sesiones extraordinarias. Considerando
que negarle estas facultades era bloquear proyectos importantes para el
desarrollo de Aranzazu, el alcalde Lisímaco Amador lo presentó en esta sesión virtual
extraordinaria con la convicción de que, en aras del bienestar social de los
adultos mayores, sería aprobado. Pero la respuesta que recibió la
administración no interpreta el sentimiento de solidaridad que merecen 150
ancianos que reciben alimentación con el apoyo del municipio.
¿Qué casos precisos contempla el proyecto de acuerdo 016?
La información que me ha llegado indica que son obras importantes para
garantizar el desarrollo social. ¿No es la construcción de placas huellas un
proyecto que busca mejorarle a los campesinos su calidad de vida? En la
exposición de motivos se dice que el municipio iba a firmar un convenio
interadministrativo con Colombia Rural para ejecutar este año mínimo un
kilómetro de placas huella, que favorecería a varias veredas. ¿Y no es la
seguridad alimentaria para las personas de la tercera edad en condiciones de
pobreza un compromiso social del Estado? Dejar a 150 ancianos sin un almuerzo
es un crimen. En este sentido, pecan de indolentes los concejales que se niegan
a aprobar un traslado presupuestal para firmar este convenio.
Una obra
importante que se contempla en el proyecto 016 es la continuación de los
trabajos en el interceptor marginal de la quebrada Doña Ana, que busca
descontaminar un sector del municipio, donde son frecuentes los malos olores.
En la administración de Gabriel Zuluaga Montes se avanzó positivamente en estos
trabajos en el sector de El Guarango. Y también en la de Jorge William Ruiz. El
convenio interadministrativo con Corpocaldas busca solucionar un problema
ambiental delicado en Aranzazu. Pero parece que para los concejales de la
oposición esto no tiene importancia. Como tampoco parece tenerla el diseño de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. No de otra forma se explica que
no aprueben un proyecto de acuerdo que busca una solución al problema.
En la defensa
que ante el concejo hizo de este proyecto el Secretario de Gobierno, Manuel
Gonzalo Restrepo, fue claro en manifestar que nunca la corporación había pedido
discriminar las inversiones. Simplemente le daban las facultades al alcalde
para hacer los traslados presupuestales necesarios. ¿Por qué ahora vienen a
pedir un desglose que nunca han exigido? Además, se
trata de convenios que cada año el municipio firma con el departamento o con
entidades descentralizadas. Es de suponer que los concejales antiguos que hacen
parte de la oposición, como Alfonso Valencia, tienen la suficiente ilustración
sobre cómo se surten estos proyectos. Lo que deja en la opinión publica la
sensación de que están actuando sin pensar en el beneficio de la comunidad,
sino en sus intereses políticos.
Una de las exigencias de los concejales de la oposición para darle aprobación al proyecto de traslados presupuestales era insólita: la administración debía adjuntar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal para los convenios; la explicación que dio el Secretario de Gobierno para no anexarla tiene lógica: no se puede expedir un CDP cuando los recursos no han entrado a las arcas del municipio. Como si esto fuera poco, en el caso de la vivienda incendiada en la vereda La Honda, propiedad del escritor Rubén Darío Toro, el concejal Alfonso Valencia argumentó que era extraño que trataran de solucionarle el problema de manera tan rápida. Esta es una insinuación fuera de contexto. ¿No corrían, acaso, en Aranzazu, administraciones anteriores, a atender rápido cualquier solicitud del señor Héctor Martínez?
El alcalde
Lisímaco Amador cumple con el numeral 7 del artículo 92 del decreto 1333 de
1986 en el sentido de pedir autorización al concejo para hacer los traslados
presupuestales necesarios para la buena marcha de la administración. Lo hace
porque es consciente de que si otro ejecuta los convenios interadministrativos
el municipio pierde ingresos importantes para ejecutar obras con recursos
propios. Y, lo más grave, debido a los recortes presupuestales como
consecuencia de la atención a la pandemia, Aranzazu puede entrar en
inviabilidad económica. Que otros ejecuten los convenios le quita al municipio
la posibilidad de que le ingresen recursos importantes por concepto de
impuestos. Y, peor aún, la posibilidad de generar empleo para la gente de
Aranzazu.
Una de las exigencias de los concejales de la oposición para darle aprobación al proyecto de traslados presupuestales era insólita: la administración debía adjuntar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal para los convenios; la explicación que dio el Secretario de Gobierno para no anexarla tiene lógica: no se puede expedir un CDP cuando los recursos no han entrado a las arcas del municipio.
La pregunta
que sirve de titulo a esta columna tiene la intención de motivar a los
aranzacitas a que piensen sobre si estas actuaciones de los concejales de la
oposición son simples actos de politiquería. Cada lector sacará su propia
conclusión. En mi caso, pienso que están actuando sin medir el daño que le
están haciendo al municipio. Sobre todo, cuando es sabido que a alcaldes
anteriores concejales antiguos les aprobaron proyectos con vacíos jurídicos
evidentes. Los cabildantes que defendieron el proyecto, Pablo César Ocampo
Serna y Katherine Castaño Franco, esgrimieron argumentos convincentes. Lo que
no hizo Raúl Andrés Giraldo. El
presidente del concejo se limitó a decir que el municipio no ha gastado un peso
para atender la pandemia.
Con el debido respeto, yo les aconsejaría a los concejales de la oposición Raúl Andrés Giraldo, Jesús María Alzate, Luz Marly Noreña, Alfonso Valencia, Henry González y Felipe Hoyos que no actúen con sentido de revancha en el estudio de las propuestas de una alcaldía bien intencionada. Los aranzacitas jamás les perdonaríamos si por su culpa 150 ancianos se quedan sin almuerzo. No caigan, por favor, en los vicios del concejal Mario Serna Duque (Pabilo), que actúa sin criterio, condicionando su voto a que le den lo que pide. Atiendan, en este caso, el llamado de su conciencia. No dejen que los califiquen como concejales politiqueros que solo buscan, con sus actuaciones, el beneficio personal. Graben su nombre en los anales del concejo como cabildantes ecuánimes, ajenos al oportunismo, que piensan en el progreso de Aranzazu antes que en sus ambiciones personales.
